PREÁMBULO I. El origen directo de la presente Ley se encuentra en el reconocimiento de la plenitud de la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de urbanismo, tras la declaración de inconstitucionalidad, debida a falta de competencia del Estado, de buena parte de los preceptos del texto refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo Antesu falta de acción sólo los particulares pueden promover la restauración efectiva de la legalidad. En este sentido no deja de ser curioso que sean estos los que deban soportar la carga del impulso para promover la efectiva defensa de la legalidad en una materia en que el interés público está tan claramente comprometido.
O2- ¿Si tengo licencia por qué me abren expediente de reposición? O3.- ¿En suelo rústico, puedo arrimar mi construcción a la parcela del vecino si tengo su permiso? Denuncias D1.- ¿Quién puede denunciar? En urbanismo rige la "acción pública", en virtud de la cual cualquier persona puede dirigirse a la administración competente para
Acciónpública en materia de urbanismo que tuvo acentuada plasma-ción en las sucesivas leyes de suelo; así: 2.- La Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana: “Artículo doscientos veintitrés. Uno. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos Enel momento en el que se aprobó la Ley de suelo de 1976, salvo en el caso de las zonas verdes, el plazo para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística era de 1
Elartículo 67 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece la forma de iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, disponiendo que ésta se iniciará con solicitud interpuesta antes de que transcurra el año para la prescripción de la acción, contado desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas, en el
delpúblico en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambien-te, fue incorporado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, cuyos arts. 22 y 23 regulan la acción popular en asuntos medioambientales. Durante la última década, este instrumento procesal ha sido empleado frecuentemen- LaLey de Suelo de 1956 introdujo la acción pública en materia urbanística, permitiendo que cualquier persona, física o jurídica, pudiera exigir la observancia de la legislación urbanística y de los Planes, Proyectos, Normas y Ordenanzas, sin necesidad de ostentar la titularidad de un derecho lesionado o un interés legítimo, ante los órganos adm Identificarcomo normas jurídicas que, en principio, deben ser objeto de interpretación en sentencia: el artículo 37.5 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la D.A. 10ª de la Ley 40/2003, de 18 de
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